Un magistrado federal confirmó que el Gobierno no puede expedir permisos comerciales para maíz transgénico, medida que mantiene congelada a esa industria desde hace tres años.
Armando Cortés Galván, titular del Primer Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa, negó el 14 de octubre el amparo que promovieron cuatro empresas agroindustriales contra las “medidas cautelares” decretadas el 8 de marzo por el magistrado Benjamín Soto Sánchez contra el maíz genéticamente modificado.
Lo único que Soto autorizó fue que el Gobierno emita permisos en fases experimentales o de proyectos piloto, sujetos a múltiples medidas de contención, y Cortés avaló la medida. Las empresas Monsanto, Syngenta, Dow AgroScience y PHI, filial de Dupont, tendrán que promover ahora un recurso de revisión ante un tribunal colegiado en materia civil.
Cortés afirmó que la mera sospecha sobre los supuestos efectos dañinos del maíz transgénico basta para restringir su uso, y se negó a examinar la evidencia científica aportada por las empresas, por considerar que dicho análisis no corresponde a un expediente de medidas cautelares.
“El derecho fundamental a un medio ambiente sano debe regirse por el principio de precaución, el cual tiene como finalidad evitar los efectos de riesgo que pudieran llegar a causarse a la biodiversidad, estableciendo medidas de control que eviten la degradación de la naturaleza”, dice la sentencia.
Reforma
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