La Asociación Nacional de Productores de Maíz (NCGA, por sus siglas en inglés) contempla emprender una acción legal en Estados Unidos para obligar a su gobierno a iniciar un caso contra México por violación a las disposiciones de biotecnología del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y se ha sumado a la advertencia de la agroindustria de que la acción mexicana causará daños de miles de millones de dólares a los productores estadunidenses y a la vez elevará el precio de la tortilla y otros productos esenciales para los consumidores al sur del río Bravo.
La inconformidad de los grandes productores de maíz estadunidenses es resultado del decreto del gobierno mexicano del 31 de diciembre de 2020. En él se establece la eliminación gradual del herbicida glifosato y se faculta a las autoridades de bioseguridad a revocar y abstenerse de otorgar autorizaciones para el uso de maíz genéticamente modificado en la alimentación, hasta sustituirlo totalmente a más tardar el 31 de enero de 2024. Su objetivo es proteger la salud de la población y el ambiente. A raíz de su reciente visita a Washington, la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, propuso a Estados Unidos aplazar el decreto de 2024 a 2025.
“Esto es una clarísima violación del T-MEC, estamos instando a USTR [Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos] a que establezca un panel de disputa”, afirmó Angus Kelly, director de políticas públicas de la NCGA, que representa a unos 300 mil granjeros en Estados Unidos. En entrevista con La Jornada indicó que la NCGA contempla sus opciones legales para presionar a que su gobierno actúe cuanto antes. “Ya se nos acabó el tiempo.”
Kelly explicó que los granjeros estadunidenses ya están colocando sus órdenes para la compra de semillas para el cultivo del año entrante y que el maíz producido en 2022 y 2023 estará en el mercado más allá del plazo límite en que México dice que prohibirá el maíz transgénico. En respuesta al anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de que se postergará la prohibición hasta 2025, otra fuente de la industria del maíz explicó que los granjeros necesitan certidumbre para tomar decisiones a largo plazo sobre inversiones en sus cultivos.
Presentar pruebas
Sin embargo, la principal asociación de productores de maíz percibe cualquier prohibición de maíz transgénico como una violación del T-MEC. En carta enviada al presidente Joe Biden la semana pasada, los líderes de 23 organizaciones estatales de productores de maíz y la NCGA lo instaron a que exigiera a México retirar el decreto de 2020 sobre una veda de importación de maíz transgénico y que se opusiera a todo impedimento sobre maíz biotécnico, incluyendo maíz blanco.
Bajo el T-MEC, acepta Kelly, México tiene derecho de presentar pruebas y datos que demuestren que el maíz transgénico es nocivo. “Si México dice que el maíz genéticamente modificado te puede enfermar, ¿por favor pueden presentar algunos datos? Hasta ahora, no han presentado ningún dato”, afirmó.
Los granjeros estadunidenses no pueden abandonar el cultivo de maíz transgénico, insistió Kelly. “Nuestros granjeros no desean cambiar el maíz genéticamente modificado, y no lo harán… Sería como sustituir electricidad con velas.” Señaló que aunque el precio del maíz y otros productos agrarios es más alto ahora que en algunas ocasiones del pasado, la agricultura en Estados Unidos es un negocio riesgoso y que la prohibición al maíz transgénico tendría impactos negativos tanto en Estados Unidos como en México.
De hecho, el NCGA junto con varias organizaciones de la industria maicera y agraria en Estados Unidos y México financiaron una investigación sobre el impacto de la prohibición propuesta por el gobierno mexicano. El informe fue elaborado por la consultoría World Perspectives, publicado en septiembre pasado, y proyecta el impacto potencial de varios tipos de prohibición de importación del maíz estadunidense.
“A lo largo de 10 años del plazo proyectado, la prohibición mexicana sobre maíz genéticamente modificado causará pérdidas de producción económica de 73.89 miles de millones de dólares a la economía estadunidense”, señala el informe. “Adicionalmente, Estados Unidos perdería 32 mil 217 empleos anualmente”, concluye, subrayando que la industria del maíz perdería 3.5 mil millones de dólares sólo en el primer año de una prohibición.
Kelly, entre otros entrevistados por La Jornada, insistieron en que el impacto sobre México también sería grave. Según el mismo informe de World Perspectives, “el PIB de México se desplomaría 11.72 mil millones de dólares a lo largo de 10 años… Habrá una pérdida anual de 56 mil 958 empleos”. Advierten que el mayor impacto sería sobre los 55 millones de personas que viven en pobreza en México, ya que “en el primer año de una prohibición de maíz transgénico, el precio de las tortillas se elevaría 16 por ciento, seguido por un incremento de 22 por ciento el año siguiente y uno de 30 por ciento en el tercer año de una prohibición, comparado con lo que sucedería sin tal medida”.
La NCGA y sus aliados tienen prisa y su deseo es que Washington registre una disputa formal bajo el T-MEC cuanto antes. “Sabemos que el USTR tiene la capacidad y la experiencia legal para hacerlo. Tendríamos una Navidad más feliz si la registraran ahora mismo.”
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