Guadalajara.- El gobernador de uno de los estados más afectados por la violencia del narcotráfico hizo un inédito planteamiento para una autoridad en México que ha dividido a especialistas: legalizar el cultivo de amapola con fines médicos.
Héctor Astudillo, gobernador del estado sureño de Guerrero, planteó esta semana la legalización como vía para reducir la violencia en su estado, uno de los más pobres del país, carcomido por el narcotráfico y el principal productor de goma de opio.
La posible legalización del cultivo, del que se extrae heroína y también medicamentos contra el dolor como la morfina, es para algunos expertos una opción a explorar mientras que otros aseguran que se trata de una alternativa sin futuro si lo que se pretende es reducir la violencia vinculada al narcotráfico.
Miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el mismo del presidente Enrique Peña Nieto, Astudillo dijo que podría ser una opción para romper la dependencia de los campesinos de Guerrero con el crimen organizado, para el que la heroína es un negocio creciente.
Actualmente familias generalmente muy pobres cultivan pequeñas parcelas de una media hectárea y ponen a niños a extraer la goma bajo la atenta mirada del cártel de turno que compra toda la producción al precio que quiere y mantiene el control del territorio.
Los campesinos aceptaban porque les supone la única fuente de ingreso de dinero en efectivo, puesto que sus otros cultivos –como maíz– generalmente son para el autoconsumo.
La propuesta del gobernador, como él mismo reconoció después, fue más una reflexión en voz alta que una iniciativa política concreta, pero irrumpió con fuerza en el debate público.
Desde finales de 2015, el gobierno de México decidió incentivar el debate sobre su política de drogas a raíz de un recurso de amparo de la Corte Suprema que permitió el cultivo y consumo de marihuana con fines lúdicos a cuatro personas. Sin embargo, hasta ahora nadie había planteado la legalización de la amapola.
Pero para el representante de la oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México, Antonio Mazzitelli, el planteamiento no tiene “ninguna viabilidad”.
Datos de la agencia antidrogas estadounidense, conocida como DEA, señalan que la mitad de la heroína que entraba a Estados Unidos procedía de México, pero la agencia asegura que los cárteles mexicanos están en clara expansión. Los decomisos en la frontera, por ejemplo, se duplicaron en los últimos cuatro años: de los mil 16 kilos en 2010 a mil 188 en 2014.
A diferencia de lo que ocurre con el cannabis, donde los casos de legalización suelen requerir profundos cambios legislativos, el mercado legal de los opiáceos es controlado de manera global por un organismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, reconocido por la mayoría de países miembros del organismo internacional.
La junta calcula la demanda basándose en las necesidades que le presenta cada país y organiza la oferta entre el puñado de estados; Australia, Francia, Hungría, India, España y Turquía son algunos de los mayores, que tienen que cumplir una serie de requisitos para ser aceptados como productores.
La junta, además, registra toda la producción mundial y controla todas y cada una de las transacciones para evitar desvíos al mercado negro.
Mazzitelli explicó a The Associated Press que si un país quiere convertirse en productor legal debe solicitarlo a la junta, explicar sus razones y garantizar que la producción cumpla con una serie de requisitos de seguridad, calidad y controles.
En su opinión, si México decidiera lanzarse a la industria legal de la amapola tendría varios problemas.
Aseguró que los cultivos legales no se podrían desarrollar donde actualmente se plantan de manera ilegal, zonas montañosas alejadas y donde el estado apenas está presente, dadas las dificultades y altos costos para poder llegar ahí y garantizar la seguridad.
Más que la legalización del cultivo de amapola, señaló el experto, la opción para reducir la violencia en Guerrero pasa por apostar por un “desarrollo alternativo a largo plazo”: fundar escuelas, fortalecer la Policía, la justicia, y crear infraestructuras y actividades económicas nuevas que permitan a las familias ganarse la vida de forma segura.
Otro problema, añadió Mazzitelli, es que en México “no hay demanda que justifique más producción” de opiáceos. Dijo que la junta tiene stock suficiente de opiáceos y México usa poco estos medicamentos porque los doctores tienen miedo a recetarlos y la gente a consumirlos.
Lisa Sánchez, coordinadora de Política de Drogas de la organización civil México Unido contra la Delincuencia, no coincide.
“Hay que orientar el debate hacia las rutas legales del cultivo de amapola porque cualquier mercado ordenado contribuye a desempoderar al crimen organizado y reducir la violencia aunque no sea una solución mágica ni la única posible”.
A su juicio, sí sería viable construir la infraestructura necesaria en Guerrero para cultivos legales y recordó que, cuando se quiere, se llega hasta ellos para erradicarlos.
Dato:
Reportes. En el último informe de 2015 de México Unido contra la Delincuencia, 92 por ciento de la morfina se consume en países donde vive 17 por ciento de la población mundial y apuesta por facilitar el uso de medicamentos con opio para tratar el dolor y garantizar el derecho a morir dignamente en las naciones donde todavía no se utilizan.
NTR
