En agosto pasado Adelita San Vicente Tello, directora de la fundación Semillas de Vida y el científico Antonio Turrent estuvieron en Aristegui CNN para hablar del riesgo de los transgénicos y la demanda colectiva en curso para impedir que empresas como Monsanto realicen sus cultivos en México, por lo que la empresa mencionada pidió réplica al programa.
Eduardo Pérez, director regulatorio de Monsanto, dijo en Aristegui CNN que “para México el maíz es de vital importancia por ser parte fundamental de nuestra dieta, por lo tanto se está comercializando ya en otros países el maíz que ha sido mejorado genéticamente con biotecnología y está siendo ampliamente comercializado en muchos otros países”.
“Hay alrededor de 59 países que han aprobado estos productos para su importación, consumo humano, animal o procesamiento comercial. Curiosamente la comunidad europea que ha sido de las más exigentes en este proceso, cuenta con 73 autorizaciones de productos biotecnológicos para importación y consumo, al igual que en México, la secretaría de Salud a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), cuenta con 135 autorizaciones de diversos productos, de los cuales más de curenta son de maíz”.
“Con toda certeza podemos decir que hay un cúmulo de información generada científicamente a través de estos años, desde que se inició la investigación en los 80 y 20 años de investigación, que demuestran que los productos derivados de cultivos genéticamente modificados son tan seguros como los productos convencionales”, explicó.
Agregó que “en los 20 años de comercialización y consumo, no hay ninguna evidencia de que esto pueda afectar a la salud. Se hacen estudios periódicamente para nuevos productos donde se demuestran todo tipo de relaciones con el consumo de las dietas de los diferentes países, y se aprueban con este propósito”.
En cuanto al estudio que se ha hecho con ratas y los productos transgénicos y que ha mostrado alteraciones en los animales, comentó que “hay miles de estudios que demuestran la seguridad de los productos para su consumo. Un estudio que fue publicado en el 2012 por un investigador y un grupo francés, en un estudio en ratas, demostraba que hay un efecto carcinogénico en ratas”.
Sin embargo “una vez que se publicó el estudio, fue ampliamente revisado, discutido tanto por científicos, toxicólogos, como agencias reguladoras y llegaron a la conclusión de que el estudio tenía serias deficiencias metodológicas, de análisis, interpretación de datos, y que no reflejaban las conclusiones que estaba derivando el estudio”.
Dos años después, en 2014, “el investigador rediseñó el mismo estudio, sin nueva información. La misma que había sido retractada y criticada por la comunidad científica”.
Ante el argumento de que los transgénicos pueden contaminar las especies de maíz criollo mexicano, dijo que “no coincidimos con esa apreciación. En México somos más de 100 millones de habitantes, de los cuales una cuarta parte… viven en el campo y más del 60 por ciento de esta población viven en pobreza… porque en el campo donde se producen los alimentos es donde hay más pobreza. Hay que preguntarnos, ¿cómo le hemos hecho hoy a través de miles de años para conservar el maíz en México y tener alimentos para todos?”.
Por su parte, Rodrigo Ojeda, director jurídico de Monsanto Latinoamérica Norte, aseveró que el juicio que enfrentan “lo continuamos, nos acercamos a una audiencia de conciliación en donde las partes podremos exponer nuestros puntos para ver si existe la posibilidad de coincidir en ciertos puntos y respecto a la introducción del propio maíz… por el otro lado pasar a la fase de pruebas”.
Respecto a la medida para que paren actividad en nuestro país, explicó que “al momento de la presentación de la demanda, lo que hacen los demandantes, abren el juicio y solicitan que se dé una medida que ordene a las autoridades, en este caso la secretaría de Agricultura, la suspensión del otorgamiento de los permisos necesarios para hacer una siembra, experimental, piloto o comercial”.
“Se otorgaron algunos permisos, otros se encuentran en etapa de solicitud”, subrayó.
“Durante dos años tuvimos una medida precautoria que nunca pidió la opinión de las partes demandadas ni de las partes que llevan el otorgamiento de los permisos, ahora, cuando de alguna manera se resuelve la apelación y se ordena al juez de distrito nuevamente revisar el tema de la medida y continuar la acción colectiva, se revisa , pide la opinión de autoridades, se tiene un expediente más basto, con información presentada por quienes son los expertos en revisar estos permisos”, indicó.
Recordó que “la ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados está ahí precisamente para establecer las medidas para que no existan contaminaciones, daños a la salud… lo que dice el juez es de la evidencia que me presenta la autoridad y de la falta de evidencia por parte de los demandantes, se concluye que tenemos que asegurrnos de la aplicación de la ley, y no puedo continuar con la medida porque no se aportaron elementos de prueba”.
“Pero viene la apelación por parte de la colectividad y va a ser revisada por un Tribunal”.
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