Francisco Peñaloza Heras, juez XII de Distrito en Materia Civil, dejó sin efectos las medidas cautelares dictadas por su antecesor en el puesto, Guillermo Campos Osorio, luego de recabar opiniones científicas sobre los riesgos y beneficios de permitir la liberación al medio ambiente de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) del maíz.
En su orden de septiembre de 2013, el juez Campos había determinado que permitir la siembra de maíz transgénico ponía en riesgo a las decenas de especies nativas de maíz de nuestro país, considerado como la cuna de este grano.
Como resultado, prohibió -tanto al Gobierno federal como a las empresas del sector agroindustrial- “realizar actividades tendentes a otorgar permisos de liberación al ambiente de OGM del maíz o efectuar procedimientos tendentes a la liberación comercial, piloto y experimental al ambiente de OGM del maíz”.
En respuesta, la empresa estadounidense Monsanto, una de las mayores productoras mundiales de OGM, promovió un amparo en el que alegó que el juez Campos invadió atribuciones de la Sagarpa y violó el Código de Procedimientos Civiles, ya que otorgó las medidas cautelares sin escuchar opiniones técnicas y solo con base en los dichos del grupo encabezado por la ingeniera agrónoma Adelita San Vicente, que presentó la acción colectiva contra los OGM.
El pasado 29 de junio, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil amparó a Monsanto, para el efecto de que el juzgado de distrito “cumpla con su deber de recabar la opinión de los órganos y organismos legalmente competentes, para reunir los mayores elementos posibles que le permitiesen dilucidar la procedencia o no de otorgar la medida cautelar”.
El tribunal colegiado fue enfático en aclarar que, mientras se recababan estas opiniones, debía seguir vigente la prohibición de liberar maíz transgénico, “por ser la forma más viable de prevenir un posible daño irreparable a la sociedad y la flora, en este caso, los maíces nativos de este País”.
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