Buscan garantizar acceso equitativo al agua

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El subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Suárez Carrera, participó como testigo en la entrega de la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas, que tuvo lugar el día 4 de febrero en la Cámara de Diputados.

La iniciativa es impulsada por organizaciones sociales, investigadores, académicos y representantes de pueblos originarios –contiene el respaldo de 198 mil firmas– y pugna por inducir un acceso equitativo y democrático al recurso agua.

En el evento participaron también en calidad de testigos el subsecretario de Normatividad de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Julio Trujillo Segura, y el subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, Luciano Concheiro Bórquez.

Víctor Suárez consideró que la democratización participativa del acceso al agua en México es un reto pendiente de la Cuarta Transformación.

“Se trata de revertir el sesgo neoliberal de la Ley General de Aguas vigente y recuperar, por medio de la vía legislativa, el carácter o enfoque del agua nacional como bien público, y de garantizar el derecho humano al agua, a un medio ambiente sano, a la salud y a la alimentación”, refirió.

“Se trata de revertir los procesos de privatización y mercantilización de este recurso vital y realizar una gestión democrática y sustentable del agua. A largo plazo, el agua es vital para la autosuficiencia alimentaria de las familias rurales y del país en su conjunto”, agregó el funcionario.

La Iniciativa fue entregada al área de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados y, entre otras cosas, plantea regular el derecho humano al agua, propone el reconocimiento de la propiedad del agua a las comunidades indígenas, crea Consejos de Aguas y Cuencas, integrados por ciudadanos, que se encargarían del manejo y administración del recurso, así como de supervisar proyectos.

Elena Burns, miembro de Agua para Todas y Todos, recordó que la reforma al artículo 4º. Constitucional realizada en febrero de 2012 estableció la necesidad de una nueva Ley General de Aguas que siente las bases para lograr el acceso equitativo y sustentable al agua por medio de la participación ciudadana y gubernamental.

La iniciativa que ahora se presenta, dijo, responde a ese requerimiento de la reforma constitucional.

Las organizaciones participantes en el evento, que representan a más de 400 comunidades indígenas, expusieron que actualmente sólo dos por ciento de los ciudadanos mantiene monopolio sobre 75 por ciento de reservas de acuíferos, lo que ha significado el despojo del líquido a los pueblos originarios.

Los participantes en la entrega de la iniciativa argumentaron que la propuesta que hacen pretende cambiar la legislación actual, que es extractivista, hacia una ley que cuide el agua, que realice mejor su captación, que tengamos agua limpia, que se trate, que se recicle y que se reutilice.

Asimismo, añadió, que se privilegien los usos humanos sobre los usos industriales y sobre los intereses capitalistas de ganancias de dinero.

La iniciativa de Ley General de Aguas prevé que Consejos de Aguas y Cuencas incluyan representantes de pueblos indígenas, investigadores, sistemas comunitarios, afectados hidricoambientales, productores agrícolas para la soberanía alimentaria y representantes de ecosistemas y cuerpos de agua, elegidos por sus propias asambleas.

Estos consejos elaborarían planes hídricoambientales vinculantes, y los organismos de cuenca de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), así como las comisiones estatales, estarían a cargo de su ejecución.

Contralorías ciudadanas auto-organizadas asumirían la responsabilidad de monitorear el buen funcionamiento de estas instancias y el cumplimiento de sus planes y decisiones por parte de los funcionarios.

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