Organizaciones de derechos humanos esperan que la Corte resuelva a favor de los amparos interpuestos por autoridades tradicionales mayas contra el permiso a la empresa Monsanto para sembrar soya transgénica en la península de Yucatán.
Miembros de Greenpeace, Indignación y Litiga OLE, entre otros, afirmaron en rueda de prensa que las comunidades mayas consideran que el permiso otorgado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) vulnera sus derechos a la consulta, libre, previa e informada y a un ambiente sano.
Con esa licencia también se hace caso omiso al principio precautorio, argumentos que les fueron reconocidos a las autoridades tradicionales mayas de los estados ubicados en la península de Yucatán, por jueces federales en sentencias emitidas en 2014.
Estas resoluciones fueron impugnadas por Monsanto y la Sagarpa, por lo cual los casos llegaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que según las organizaciones, el próximo 7 de octubre decidirá sobre los amparos en revisión presentados por apicultores y autoridades mayas.
El abogado de Litiga OLE, Luis Miguel Cano López, sostuvo que el cultivo de la soya transgénica “altera y destruye la forma de ser y estar del pueblo maya, a pesar de que su identidad cultural está tutelada por la Constitución en razón del principio de pluriculturalidad”.
Eso está plasmado en la Carta Magna y en el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, por los cuales “el Estado mexicano tiene prohibido tomar cualquier acción que pueda conducir o comprometer la vida y florecimiento de los pueblos originarios”, dijo.
Aseguró que el permiso de sembrar soya transgénica en casi 254 mil hectáreas de la península de Yucatán pone en riesgo la producción de miel en la zona, de la cual viven más de 15 mil familias campesinas de origen maya.
La razón es que “el cultivo de esa planta requiere del uso del herbicida glifosato, clasificado como probablemente cancerígeno”, alertó el abogado.
Por ello precisó que la Suprema Corte debe pronunciarse sobre la violación al derecho de los pueblos indígenas a la consulta libre, previa e informada, así como de las violaciones a los derechos a la salud y el ambiente sano.
“Esperamos que la Corte garantice los derechos humanos del pueblo maya confirmando la sentencias obtenidas en los juzgados federales y, por lo mismo, declarar como infundados los recursos interpuestos por las autoridades y Monsanto”, para la protección de las comunidades mayas, subrayó Cano López.
A su vez Leydi Pech, del colectivo apícola “Chenero”, dijo que a pesar del impacto negativo y la transformación sustancial que la siembra de soya transgénica conlleva en la forma de vida de los campesinos de la región, no fueron informados ni consultados sobre la pertinencia del permiso.
Recordó que según cifras de la Sagarpa, la península de Yucatán produce casi 40 por ciento de la miel en México, actividad que en 2014 generó ingresos por casi mil millones de pesos.
NTX
