El magistrado federal Benjamín Soto Sánchez, titular del Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito, determinó confirmar la suspensión provisional que impide tramitar y otorgar permisos de siembra o liberación al ambiente de maíz transgénico en todo el país.
Cabe destacar que la suspensión federal ha estado vigente desde septiembre del 2013, misma que impugnaron la agroindustria trasnacional, el gobierno federal e incluso investigadores.
La decisión del magistrado Soto fue notificada este martes y se emitió dentro del procedimiento de apelación que la Colectividad del Maíz inició, luego de que el pasado 19 de agosto el juez federal Francisco Peñaloza Heras había negado la suspensión definitiva y dos días después volvió a suspender provisionalmente, debido a la impugnación ciudadana.
La resolución de Soto “significa la confirmación de suspender la siembra de transgénicos de maíz hasta que decida en definitiva la apelación”, explicó René Sánchez Galindo, abogado del colectivo, quien detalló que el argumento del tribunal federal consistió en que la ley ordena preservar la materia del juicio durante la tramitación de la apelación, “puesto que si se siembran los transgénicos el daño sería irreversible”, aclaró Galindo.
La demanda de acción colectiva contra la siembra de maíz transgénico fue presentada en julio del 2013 y junto con la suspensión judicial ha soportado 100 impugnaciones por parte del gobierno federal y de empresas trasnacionales. Dentro de las impugnaciones contra la coalición ciudadana se encuentran 22 juicios de amparo, que han resuelto 17 tribunales federales, incluyendo a la Primera Sala de la Suprema Corte, quienes han decidido mantener el principio de precaución y evitar la siembra de maíz transgénico.
Investigadores, agricultores y empresas crearon la Alianza Pro Transgénicos para siembra de maíz, en donde 45 agrupaciones, entre las que se encuentra el Consejo Nacional Agropecuario, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, la Asociación de Agricultores de la Región Lagunera del Estado de Durango, AgroBio y la Federación Mexicana de Lechería, pretenden romper con el “delito” en que se ha convertido la investigación y el desarrollo de semillas genéticamente modificadas para producir hasta 10% más alimentos en el país y no depender de las importaciones.
Hasta la fecha, se tienen 50 solicitudes detenidas ante las autoridades (Sagarpa y Semarnat), mismas que permitiría avanzar, de acuerdo con la Alianza.
El Economista
